martes, agosto 31

A propósito de Vichy, un artículo de Jean Paul Bouche

Para no confundir Vichy con el régimen de Pétain: Una Reflexión estival de Jean Paul Bouche.

De Pétain y del régimen que se conoció como "Estado francés"

Elementos históricos y jurídicos de un fracaso francés

¿Fue el "Estado francés" un régimen legal de Francia o, al contrario, una autoridad ilegítima? Plantear la pregunta podría parecer de escaso interés habida cuenta del conocido y lamentable final. Pero sin embargo, sí tiene cierto calado: Hay unas cuantas e importantes enseñanzas que se pueden extraer de este período negro. Desde un punto de vista de Derecho Constitucional, por ejemplo, surge un debate de capital importancia: ¿Fue correctamente abolida la República en julio de 1940? o, por el contrario, ¿continuó existiendo la legitimidad republicana gracias a los "Franceses Libres"?

1/ Para comprender bien el contexto recordemos el mes de julio de 1940

El país vive un momento de convulsión. Ha quedado completamente desorientado ante el peor desastre de su historia. Un millón seiscientos cincuenta mil prisioneros emprende el camino de Alemania, y millones de refugiados van sin rumbo huyendo del avance del la Wehrmacht. El éxodo que había comenzado el 10 de mayo continúa: el desorden es indescriptible, la autoridad legítima, completamente superada, apenas sí puede cumplir con su función.

El Gobierno intenta en Vichy desde el 29 de Junio, tras un mes de itinerancia. La subprefectura del Allier se convierte, de facto, en capital de Francia. Y así es como la ciudad, normalmente frecuentada por la tranquila clientela de los balnearios, termina muy a su pesar viendo su nombre mezclado con régimen que destacará por su sordidez. La elección de Vichy viene impuesta por las circunstancias: Próxima a la línea de demarcación y cruzada por la carretera de París. Por su vocación, dispone además de abundantes plazas hoteleras en las que instalará sus cuarteles el aparente Estado: diplomáticos en el cuarto de baño, un magistrado en la despensa, y los diarios oficiales un poco más lejos, en una carbonera. Los conserjes suspiran: A pesar de cuanto han visto, la de ahora es una extraña crisis ministerial.
El episodio va a suponer también el triunfo de un hombre: Pierre Laval. Oriundo de Auvernia, el que fuera presidente del Consejo conoce bien el escenario. El clima parlamentario le es además tan familiar... Pone su inmenso talento al servicio de una causa que -por fin- va a colocarle en la primera fila. Qué importa para quien fuera en otro tiempo un socialista defensor de sindicalistas, que este primer plano lo ocupen hombre que, como él, destilan odio contra la República al tiempo que lo consagran todo a disfrutar de una envenenada felicidad: la que proporciona ejercer un poder que ya no se espera tras muchos años escupiendo contra el sistema. Para tener las manos completamente libres, toda esta cohorte va a refugiarse tras el viejo mariscal, entregándose a una deliciosa venganza que no será otra que obligar a los humillados parlamentarios a sabotear el régimen en el que habían ocupado los primeros puestos y que, además, les había recompensado por sus actos.
Ya el 29 de Junio, Pierre Laval, vicepresidente del Consejo de Gobierno, presenta un proyecto de ley constitucional para entregar plenos poderes al mariscal Pétain. El proyecto hace una referencia explícita a la promulgación de una nueva Contitución del Estado francés con el fin de "garantizar los derechos del trabajo, de la familia y de la Patria". Laval va a servirse de todo su inmenso talento de manipulador. Agita convenientemente el miedo a los alemanes, que están a escasos kilómetros (concretamente en la línea de demarcacion definida en los acuerdos del armisticio del 22 de junio), las divisiones entre las múltiples facciones existentes y, cómo no, el ingente rencor acumulado por los diputados entre sí.Va a aprovecharse de un incidente que hubiera podido resultar enojoso: Una veintena de parlamentarios, embarcados en el paquebote Massilia en Boudeos con dirección al norte de África para continuar la lucha, consiguen hacer llegar un mensaje a sus colegas de Vichy. Éstos se indignan porque no pueden regresar al lugar en el que se encuentra la sede parlamentaria para ejercer su función, medida que no tiene otro fin que el de generar dudas entre diputados y senadores sobre la garantía de su inmunidad antes de emitir el voto. Laval, por su parte, se burló de lo que llamó "la expedición Massilia" y acusó a los parlamentarios embarcados (entre los que figura Pierre Mendès France) de haber desertado ante el enemigo, descalificando al resto de miembros.Todo está listo para dar un paso tras el que no habrá vuelta atrás. Con la única excepción de 80 opositores, 20 abstenciones, y a pesar de la ausencia de 176 miembros, diputados y senadores, reunidos como Asamblea nacional, abdican: por 569 votos (prácticamente el 85% de los presentes) se votan los plenos poderes de Pétain el 10 de julio de 1940. A destacar que, además de los famosos "80", son merecedores de reconocimiento también los embarcados en el "Massilia". Por su parte, los diputados comunistas no pudieron pronunicarse al quedar privados del ejercicio de su mandato tras la firma del Pacto germano-soviético en agosto de 1939.Desde el punto de vista de la oportunidad política, la voluntad de instaurar una autoridad fuerte -impuesta según sus promotores por la dureza del momento- no requería la suspensión de las leyes de 1875 y mucho menos la promulgación de una nueva Constitución. El presidente del Consejo gozaba de un apoyo parlamentario y popular incontestables, el presidente de la República, Albert Lebrun, continuaba en su cargo: A las asambleas les hubiera bastado con votar una ley de plenos poderes ¡Otra más! se podría decir; y es que las disposicones legislativas se multiplicaron tras la declaración de guerra.

2/¿Tenía legitimidad la Asamblea nacional?

A priori podría parece que sí. Siempre según la legislación constitucional de 1875, que otorgaba de manera explícita competencias constitucionales cojuntamente a ambas asambleas, configurando así la Asamblea nacional; competencias entre las que se encontraba la capacidad de reformar la norma suprema.
Una propuesta alternativa hubiera sido la de elevar al mariscal Pétain a la presidencia de la República sin que tuviera que nombrársele presidente del Consejo. Esto hubiera supuesto una aplicación literal de la legislación constitucional de 1875. Recordemos que la misma confiaba el poder ejecutivo únicamente al jefe del Estado, guardando silencio sobre el presidente del Consejo. Su promotor, Flandin, quien fuera presidente del Consejo, deseaba complacer al mariscal revistiendo su autoridad con todas las legitimidades posibles. Pero la propuesta en cuestión no será tenida en cuenta: Choca con la negativa categórica a dimitir de Albert Lebrun. Un acto sorprendente al venir de la mano de un personaje tan anodino, cualidad que por otra parte facilitó enormemente su reelección en 1939. Pero al margen de todas estas cuestiones que al final son únicamente marginales, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la revisión constitucional anunciada contravenía directamente el artículo 2 de la ley constitucional del 14 de agosto de 1884: "la forma republicana de gobierno no puede ser objeto de una propuesta de reforma". Sin embargo, lo que conocemos como "acto constitucional del 10 de julio de 1940", expresión de una ruptura total con las instituciones existentes hasta entonces, implicó claramente la puesta en marcha de un régimen antirepublicano.
Al menos sí se aprecia una irregularidad de procedimieinto. La derogación del mencionado artículo segundo era necesaria: Resultaba algo complicado pero la realidad es que se hizo. Al nuevo poder le bastaban la sutileza y el recurso a la acción jurídica.
Laval exigió además que el cálculo de la mayoría se hiciera sobre los sufragios emitidos. Este planteamiento contradecía abiertamente el artículo 8 de la ley constitucional del 25 de febrero de 1875, que estipulaba claramente que una ley de reforma constitucional había de ser votada por la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea nacional. Pero en esto no hay que ver sino una manifestación de la prudencia de un viejo parlamentario, acostumbrado a ver a los ministros sometidos a un "pim, pam, pum" en cada votación. En todo caso, era una maniobra inútil: la mayoría absoluta había desaparecido al faltar los diputados del Partido Comunistas, desprovistos de sus funciones en 1939, así como el resto de cargos electos ausentes. De la actitud cobarde de Munich (se refiere a los acuerdos suscritos en 1938 en la ciudad alemana que permitieron el desmembramiento de Checoslovaquia a manos de los regímenes fascistas) se pasó a la vergüenza total.
El célebre publicista Laferrière impuso, a partir de 1941, una interpretación doctrinal con arreglo a la cual, la delegación del poder constituyente en Pétain era irregular. En efecto, uno de los grandes principios del derecho público francés prohibe la delegación de una competencia si no existe una disposición expresa que así lo prevea. En lógica consecuencia, si la ley constitucional de 25 de febrero de 1875 otorga al Parlamente reunido como Asamblea nacional el ejercicio del poder constituyente, en modo alguno autoriza la delegación de tal poder. Con posterioridad, otro autor no menos conocido -el decano Georges Vedel-, asimiló toda la operación a una "reforma del procedimiento de reforma". Sin embargo, esta posición doctrinal implica que las condiciones fijadas por el citado artículo 8 de la ley constitucional de 25 de febrero de 1875 hubieran sido respetadas, lo que, como queda claro al exponer la mecánica de voto exigida por Laval, no sucedió.
Desde un punto de vista puramente jurídico, es forzoso constatar que el régimen de Pétain no puso fin a la III República, pero únicamente por carecer del tiempo y medios suficientes para lograrlo.

3/ El nuevo régimen, revestido con la autoridad de la "Revolución nacional", mostrará rápidamente su verdadero rostro.

Ante la hipótesis de que aun existieran dudas sobre sus intenciones y, sin duda, para extinguir las últimas ilusiones de los parlamentarios, Pétain decidió el 11 de julio la derogación del artículo 2 de la ley constitucional de 25 de febrero de 1875 -conocida por el nombre de "enmienda Wallon", proclamándose jefe del Estado. El fundamento del régimen republicano (que tanto había costado obtener 65 años antes -por un sólo voto-) cayó sin dificultad alguna, provocando la alegría de Charles Maurras (voz del conservadurismo monárquico) ante la "divina sorpresa" nacida de la derrota. Rerforzado con la abdicación de la Asamblea nacional, Petain procede progresivamente a instalar el embrión del nuevo régimen, sirviéndose de la exprsión "Estado francés", y mediante otros once "actos constitucionales" oficializados entre los años 1940 y 1942.
La aplicación de los principios de la "Revolución nacional" hubiera necesitado una precisa definición de los mismos, ya que la mera referencia al autoritarismo antidemocrático no bastaba para la cración de una doctrina política digna de recibir tal denominación. Sin embargo, el entorno de Petain formará un mosaico integrado por las corrientes más diversas: desde los partidarios de retomar la lucha -llegado el momento oportuno-, hasta los que ejercen de comparsa de los nazis, pasando por los monárquicos de Charles Maurras y su Acción Francesa. Nunca lograrán ponerse de acuerdo sobre un corpus teórico común, más allá de su vínculo con la figura tutelar del viejo mariscal y el rechazo del parlamentarismo. Además, los colaboracionistas más irreductibles se instalarán a partir de 1942 en París, no ocultando su desprecio hacia los representantes del mariscal habida cuenta de los contactos directos que pueden mantener con los nazis, quienes, por su parte, se servirán de esta circunstancia para ningunear a los cuadros de Pétain.
Una consecuencia terrible de lo anterior: con el fin de recuperar la autoridad perdida, Laval ordenará la conocida como redada del "Velódromo de Invierno", preparada y llevada a cabo por René Bousquet. En un ejercicio de celo, tambíen se detendrá a los niños aun a pesar de que ésta no era una exigencia de las SS ubicadas en París.

René Bousquet, de abrigo, con oficiales alemanes

4/ La República triunfate

Llega el momento en que Vichy recupera su verdadera vocación: acoger, atender y cuidar a los pacientes termales. El Gobierno provisional de la República Francesa instala su autoridad en los territorios que progresivamente se van liberando, evitando así la humillación de una administración a manos de las tropas americanas.
Traducido al lenguaje del derecho positivo: se trata de la ordenanza del 9 de agosto de 1944, relativa al "restablecimiento de la legalidad republicana" en Francia continental. El gobierno provisional tiene ante sí la tarea de la reconstrucción. Además, resuelve una cuestión de forma tal que no haya espacio para la ambigüedad: la ley constitucional del 10 de julio de 1940 se declara irregular. En lógica consecuencia, el régimen que se ubicó en Vichy se concibe como "una autoridad de hecho en el territorio continental -heredera de una denominación no muy agradable- que se hacía llamar a sí misma gobierno del Estado francés".
Hay que resaltar dos consecuencias derivadas de todo lo anterior:
-En primer lugar, el rechazo del general de Gaulle a proclamar la República desde el balcón del Ayuntamiento de París el 27 de agosto de 1944. Y eso a pesar de la petición de Bidault, presidente del Comité Nacional de la Resistencia, y otros famosos precedentes (en 1848 y en 1870). La República nunca dejó de existir, luego no hay por qué restablecerla.
-En segundo lugar, la rápida derogación de la legislación elaborada por el régimen de Petain impulsada por René Cassin. El eminente jurista, en Londres ya desde 1940, no cejó en su empeño para demostrar la irregularidad del régimen.
Se salva la moral republicana y la continuidad de la república misma operando el restablecimiento de aquella legalidad -aunque no en todos los territorios sometidos a la soberanía francesa-. Lógicamente hay excepciones. Determinadas disposiciones se mantendrán en vigor. Entre 1944 y 1945, el restablecimiento definitivo de la autoridad impone evitar el desorden jurídico. Así, por ejemplo, la conocida como "licencia IV" (establcida por una ley de 1941), que autorizaba el suministro de bebidas alcohólicas de todo tipo a los establecimientos que la poseyeran, o el caso de la regulación de las profesiones. Por su parte, los parlamentarios que votaron la ley del 10 de julio se verán conducidos a un estado de "indignidad nacional" en 1944, sin poder concurrir de nuevo como candidatos electorales. Únicamente quedan exceptuados de lo anterior aquellos que hayan realizado actos de resistencia y los prueben fehacientemente. Esta sanción acabará con la carrera de muchos, aunque afectará sobre todo a quienes ya casi la estaban terminando. Diez años después, la amnistía permitirá el regreso de alguno.
Por otro lado, en virtud del conocido principio de "permanencia del poder" (condensado en la célebre frase: "el rey ha muerto, viva el rey"), determinados actos del régimen del "Estado francés" han tenido que ser reconocidos con posterioridad a su desaparición.
No plantea en modo alguno un debate de pura teoría jurídica.
En primer lugar porque, sin demasiado esfuerzo, pudieron derogarse las disposiciones adoptadas de forma no democrática, de cara a reintroducirlas valiéndose de nuevos textos abiertos al posible examen de un parlamento digno de tal nombre. Y en segundo lugar porque la tesis oficializada de una no existencia del Estado francés hace entonces difícilmente aceptable la continuidad de tales disposiciones, más aun teniendo en cuenta que fueron instituidas en nombre de unos valores reaccionarios y antidemocráticos.
En ese instante existe un consenso cuya finalidad es borrar el pasado ligado al régimen de Pétain. Hay otras apuestas, existen otros riesgos distintos a partir de la Liberación. Sin embargo, este planteamiento presenta un grave defecto: Que la Nación se autoconvenza de la ficción de una Francia resistente y valerosa en la que no habría más que "unos pocos" colaboradores.

5/ Un pasado que, después de 70 años, no termina de aflorar y que, a veces, lo hace de forma incontrolable...

No han cesado las dolorosas secuelas derivadas de todo lo anterior. Por ejemplo, la obligación de reparar a quienes fueron enviados en trenes a campos de concentración. Así, familias de deportados, bastantes años después, reclamaron una reparación al Estado. Y por la misma razón, recientemente la SNCF (equivalente a la RENFE en España) y su filial Kéolis, que este último año ha optado a la ejecución de algunos contratos en U.S.A., han sido objeto de ataques por parte de algunas asociaciones que exigían su retirada, y ello habida cuenta del papel que en su momento jugó la SNCF durante la deportación. También ha habido reclamaciones relativas a la situación de bienes pertenecientes a familias judías, confiscados a raíz de actuaciones llevadas a cabo por la policía francesa; todo esto ha obligado a un ejercico de memoria nacional, y a recordar la poco honorable integración en el patrimonio del Estado de tales bienes, sobre todo en el caso de algunas obras maestras.
Paradójicamente los poderes públicos franceses han llevado a la práctica dos tentativas con el ánimo de mantener la tésis oficial.
La primera fue decretar una amnistía general en los años 70, con la intención de olvidar definitivamente tanto los hechos como los protagonistas -algunos todavía con vida- de la colaboración. Paul Touvier intentará aprovecharse de esta medida. La segunda consistirá en extraditar a Klaus Barbie en los años 80. Hacer juzgar en Lyon al verdugo de Jean Moulin y tantos otros resistentes, así como ciudadanos judíos, era todo un símbolo que reconocía el trabajo de los esposos Klarsfeld y permitía recoger el testimonio directo de miembos de la Resistencia.
En 1978 reapareció en la escena mediática un personaje que había sabido hacerse olvidar: René Bousquet. Ironías de la historia, fue denunciado por un colaboracionista no arrepentido, exiliado en la España franquista: Darquier de Pellepoix. Decididamente, la denuncia es un arte cultivado por los partidarios de Pétain. El "caso Bousquet" es el más emblemático sino el más caricaturesco referido a esos tecnócratas arrivistas a los que el servicio dado a un poder de dudosa reputación no les afecta, sobre todo si les permite saciar su ambición. Bousquet tenía una cualidad insigne: hacerse indispensable. A falta de poder hcer carrera en la alta función pública, se orientará hacia otro poder, a la par discreto y poderoso: la banca. Y va a favorecer una emergente alternativa al gaullismo, principalmente mediante el apoyo a François Mitterrand. Este apoyo experimentará su apogeo en las elecciones presidenciales de 1974. Bousquet es un "caso" complicado para todas las esferas dirigentes. Las investigaciones judiciales que le afectan se aceleran. Su accidentada desaparición (N.T.: fue asesinado por Christian Didier, quien le disparó cinco veces) en 1993, debió tranquilizar a algunos jerarcas, pero no puede dejarse de apreciar que lamentablemente se perdió una ocasión histórica de "limpiar el absceso" que supuso el régimen de Pétain a través de un proceso ejemplar. La opinión pública se volcará entonces en un caso menos flagrante: el del antiguo ministro Papon. El que fuera joven sub prefecto en 1944 también era un responsable de alto nivel. Subrayemos que si su responsabilidad llevó a encausarle fue precisamente por su reconocida complicidad en el peor de los crímenes: el que se comete contra la Humanidad.


Papon, sentado, primero por la izquierda

6/ Los aspectos actuales: encarar de frente la realidad del período 1940/1945

A partir de los años 90 la tesis oficial de una Francia valerosa que no puede ser confundida o mezclada con los crímenes colaboracionistas se revela difícilmente sostenible. La historiografía, ha de reconocerse- ha progresado enormemente. Si los grandes estudios sobre el período han sido hechos por investigadores anglosajones en los años 60/70, apareciendo de paso como autoridades en la cuestión -Robert Paxton y Zev Sternhell-, no es menos cierto que muchos historiadores franceses les han seguido y ha sabido hacer emerger una visión capaz de superar el discurso oficial; tal es el caso de Henri Rousso, Jean Pierre Azéma, Pierre Laborie o Marc Ferro. El propio discurso del 16 de julio de 1995 pronunciado por Jacques Chirac para conmemorar la redada del Velódromo de Invierno, abre una nueva perspectiva. El jefe del Estado dio un paso extremadamente significativo reconociendo la responsabilidad del "Estado francés", sin que hubiera lugar a la menor confusión de este último con la República: "...sí, la locura asesina del enemigo fue secundada por franceses, por el Estado francés...".

Sin embargo una manifestación semejante resulta ser continuadora de la tradición gaullista, inspiradora de la visión oficial francesa acerca del régimen de Pétain ¿O acaso la definición enunciada por la ordenanza del 9 de agosto de 1944 no indicaba claramente que el llamado "Estado francés" era una autoridad, aunque ésta lo fuera meramente de hecho?

El interés principal de este discurso no es otro que el reconocer una resposabilidad colectiva ante actos intolerables que no pueden justificarse únicamente por la presencia de un ocupante, y recordar al tiempo que, si ha existido una Francia que combatió al lado de los aliados, también ha habido una Francia cuyos responsables cometieron faltas de una gravedad extrema.

A partir de la luz arrojada sobre el tema por el trabajo de los historiadores, se producirá un cambio, una toma en consideración oficial de la realidad histórica cuya continuidad asegurará el Primer ministro Jospin en otra declaración -menos conocida que el discurso precedente- pronunciada el 21 de octubre de 1997: "Existe una responsabilidad de la administración, de los administradores, del propio Estado francés, sí. No olvidemos que, frente a quienes pretenden la existencia de un vacío jurídico que afecta al período en cuestión, en nuestro derecho francés vigente subsisten disposiciones reglamentarias que provienen de Pétain, algo que constituye una prueba, desafortunadamente, de una especie de continuidad". Se puede pensar razonablemente que el camino está hoy en día abierto para asumir el régimen de Pétain sin incurrir en la traición a que conducen los vanos esfuerzos para ocultar el pasado. La década actual, el momento en el que los testigos directos son cada vez más escasos, es la ocasión para terminar con las polémicas, no negando las consecuencias de los diferentes actos cometidos bajo el gobierno de Pétain, incluídas aquéllas más terribles.

7/ Conclusion

A día de hoy ya no se puede intentar hacer creer el inaceptable reduccionismo que supone entender que entre 1940 y 1945 "de Gaulle fue la espada de Francia y Pétain su escudo". Los crímenes contra la humanidad -cuya gravedad los hace imprescriptibles- amparados bajo la autoridad del último, no pueden dejar de merecer un reproche.

El trabajo de los historiadores (especialmente el de Jean Pierre Azéma) ha permitido colocar en su sitio al "valeroso" mariscal con anterioridad al 16 de junio de 1940 (dimisión de Paul Reynaud y ascenso al puesto de presidente del Consejo de gobierno). Un hecho basta para confirmar la traición de Pétain: su discurso radiofónico del 17 de junio llamando al cese de los combates sin que se hubiera siquiera firmado un armisticio. El ejército alemán aprovechará esta ventaja para hacer, en pocas horas, el ochenta por ciento del total de prisioneros franceses capturados en 1940 (recordemos la cifra: 1.650.000). Y se apoderará de un stock enorme de suministro militar que utilizará hasta el final mismo del conflicto, en 1945. Por otro lado, la entrega a los alemanes de los refugiados políticos que habían huído del nazísmo constituye una imperdonable afrenta al honor.

Con el estatuto judío promulgado en septiembre de 1940, se llega a la mayor ignominia; y toda la legislación represiva que seguirá, no hará sino hundir aun más al régimen en el horror. Y sin olvidar la cacería realizada con los francmasones. Así, el adulado vencedor de Verdún, destinado inicialmente a retirarse como coronel en 1914, que alcanzó la dignidad suprema de mariscal de Francia, y que "reinó" sobre la estrategia militar francesa hasta 1939, se convirtió en el heraldo de una Francia caricaturesca, caída en menos de dos meses de su pedestal como gran potencia mundial para pasar a ser mera comparsa, en ocasiones celosa, del régimen nazi.

Recontextualizar este período, volver a plantearse preguntas sobre los mismos acontecimientos y profundizar en el análisis de quienes intervinieron en los mismos, nos permitirá una mejor comprensión, teniendo en cuenta su complejidad y la pregunta que no dejará de plantearse eternamente: en conciencia ¿que habríamos hecho cada uno de nosotros en semejantes circunstancias? A mi modo de ver, este planteamiento refuerza además la necesidad de rendir homenaje a la Resistencia a los Franceses Libres y, en lógica consecuencia, el deber, nuestro deber, de perpetuar su memoria: ¿qué hubiera sido de la Francia de hoy sin ellos?

* Jean Paul Bouche es abogado y miembro del Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia. Me ha parecido interesante traducir íntegramente este extenso artículo habida cuenta de que Vichy cobra una especial significación este año para los miembros del G.O.D.F.: escenario del Convento de la Obediencia y del Primer Coloquio Internacional sobre Antimasonismo. A todos, a todas, buena lectura.