jueves, agosto 5

El GODF ante la inconstitucionalidad de una medida privativa de libertad


Hace un par de días publicaba en este blog la traducción de un comunicado público y oficial del Gran Oriente habida cuenta del interés que suscitaba la cuestión planteada entonces (la reacción de la Obediencia a los peligrosos conceptos manejados por el presidente de la vecina república el conocido como "discurso de Grenoble"). Hoy vuelve a suceder algo similar: El Gran Oriente se acaba de hacer eco de una toma de posición del Tribunal Constitucional frente a una especial medida privativa de libertad, equivalente a lo que en España conocemos como la detención de personas por fuerzas del orden previa a su puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
Tres son los aspectos que resalto: De una parte el hecho de que la cuestión jurídica se plantee en uno de los países que mayor influencia jurídica ha tenido en la Europa continental por razones obvias, especialmente en materia de garantías procesales del individuo. De otra la circunstancia de encontrarnos una vez más con esa seña de identidad del Gran Oriente, que es el no tener miedo a intervenir y valorar cuestiones fundamentales para la ciudadanía que van mucho más allá del partidismo político. Y en último lugar, resaltar que el asunto abordado no es genuinamente francés, pues no hace tanto que en España se manifestó la tentación de modificar el sistema de instrucción de causas penales, aumentando el peso que en la fase de investigación de las causas tienen los fiscales.


Transcribo si más el comunicado de cuyo contenido me acabo de enterar:

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* El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el modelo francés de detención, denunciado hace años por todos los defensores de las libertades públicas. En primer lugar, ha de valorarse la notable importancia del avance jurídico representado por el nuevo mecanismo de la Cuestión Urgente de Constitucionalidad para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

El Gran Oriente de Francia se felicita por esta decisión, pues la misma confirma la preocupación expresada hace dos meses ante la Ministra de Justicia en relación con el proyecto gubernamental de reforma del procedimiento penal. Concretamente fueron transmitidas las críticas relacionadas con los reiterados abusos ligados a la detención de personas y la privación de libertad de carácter provisional, en franca contradicción con los principios constitucionales y las prescripciones de la Convención Europea de Derechos del Hombre.

El Gran Oriente de Francia también expresó su oposición a la reforma prevista de las normas reguladoras de la intervención como parte en las causas, que permiten a día de hoy a los ciudadanos promover automáticamente la intervención del Juez incluso en el caso de que se produzca la inacción del órgano encargado de la defensa del interés general. Así, el proyecto de someter la intervención como parte en un proceso -acusación particular- a la sóla apreciación del Ministerio Fiscal, vinculado al Poder Ejecutivo, privaría a la víctima del derecho a promover la investigación e iniciar el correspondiente procedimiento, lo que constituiría una auténtica regresión en relación con la evolución del derecho francés a lo largo de estos últimos años.

El Gran Oriente de Francia no puede dejar de manifestar su satisfacción ante el anuncio hecho por la Ministra de que se procedrá a la revisión de las disposicones más controvertidas del proyecto de ley. La revisión en cuestión, necesaria, habrá de contemplar antes del mes del verano de 2011, la modificación de los textos legales relacionados con la detención de las personas, habida cuenta del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En el país de Motesquier, manifestamos nuestro deseo de que el futuro debate que tendrá lugar en el Parlamento conduzca a un texto equilibrado, capaz de garantizar a un tiempo la independencia de la Justica y la Igualdad de derechos.
París, a 5 de agosto de 2010

* La traducción de este texto ha sido realizada por el autor de este blog. Se ha tenido en cuenta la naturaleza de las instituciones jurídicas citadas en el texto original, buscando la correspondencia con aquellas que más se asimilan en nuestro cultura y entorno jurídicos.