sábado, diciembre 27

Cosas de abogados


Podría soprender que en este espacio aparezca un texto crítico con el hacer -más bien el no hacer- que viene desarrollando un miembro del Gobierno asturiano, pero teniendo en cuenta que la cosa trata de los calambres con los que topa eso que llaman justicia ahora que la transferencia de competencias se ha hecho carne y deseo, me parece conveniente dejar de bostezar y hacerme eco de lamentos por lo mal que va "el asunto".
De todos modos hay que ser sinceros, porque "el asunto" de referencia ha ido mal siempre. Cuando me colegié como abogado y me inscribí en el turno de oficio, hace ya quince años, se hablaba de lo poco que cobrábamos y de que había que "hacer algo". Siempre "hay que hacer algo". En aquel entonces barruntaba para mis adentros que el "algo" tenía que consistir en una llamarada. Prenderle fuego al juzgado a horas intempestivas para evitar bajas innecesarias y daños colaterales. Hoy, que he madurado y me he moderado con el peso de los kilos, me callo mis malos pensamientos y los sigo cultivando con esmero para adecentarlos en la medida de lo posible.
Pedro de Silva, que fue presidente de la Comunidad asturiana en los años dorados del dominio de la Camorra minera, y que hoy ejerce como letrado y miembro de varios consejos de administración, decía que los abogados no podíamos ponernos en huelga porque de nosotros dependía el funcionamiento de un poder básico del Estado. Así ha sido hasta la fecha: Un detenido no puede declarar en comisaría sin la presencia de su abogado; tampoco en el juzgado. Y son unas cuantas las diligencias que no pueden practicarse sin la presencia del mal necesario e imprescindible que con nuestra profesión encarnamos. Mira tú por dónde que, pasados los años, los jueces nos han sobrepasado por la extrema izquierda. Ahora ellos dicen que si los médicos pueden ponerse en huelga convirtiendo un hospital en una sucursal de Campofrío, cómo no va a parar la magistratura si no hay peligro de muerte y recibe un trato indigno del Ministerio.
En los años que llevo, que no son tantos, he visto cómo las retribuciones del turno de oficio subían lenta pero no inexorablemente. He visto como el legítimo incremento de honorarios no llegaba mientras "había que hacer algo". También he cobrado con ocho meses de retraso. Ahora ya sólo son seis, aunque desde la Consejería de Presidencia nos dicen que con la transferencia y la mejor gestión "sólo se tardan" cuatro meses...
He visto cómo un prejubilado de la minería con una paga de 3000 euros mensuales disfrutaba del beneficio de justicia gratuita y yo tenía que trabajar para él sin rechistar. Y sigo viendo exactamente lo mismo a pesar del supuesto celo con que se ha volcado la administración autonómica en su nueva competencia, obligándonos a los abogados a asumir el embrollo burocrático de las solicitudes de letrado convirtiéndonos, además de leguleyos, en cagatintas. Hasta un impreso hay para que expresemos nuestro "parecer y percepción" sobre los signos de riqueza del cliente que nos ha tocado en suerte. En lo años que llevo como abogado de oficio, que no son tantos, he escuchado cómo el busca de la guardia me sonaba a las nueve de la mañana para asistir a una persona, por ejemplo en el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Gijón, y he esperado y esperado, para salir de la justa casa a las tres... O a las cuatro. Silencio del Colegio de Abogados ante algo habitual o ponderado escrito para expresar una "enérgica protesta" pues "había que hacer algo".
Llegó Valledor hace cinco años, el de la boina y la montera picona, a la Consellería de Xusticia. Quitó el águila de San Juan, grande, libre e indivisible de la sede del Tribunal Superior de Justicia, donde llevaba revoloteando más o menos desde que la muy noble y buena ciudad de Oviedo fue declarada heróica e invicta por el anterior Jefe del Estado, en pago y recompensa a su traición a las urnas. Luego, entre baile, viaje y desfile, puso placas en asturiano en las puertas de los "Xulgaos"; y finalmente prometió que todo iba a ser mejor y bueno, que el turno de oficio disfrutaría de un mañana deslumbrante, y que sobre las cenizas de lo podrido se edificaría el sólido edificio marxista que nos cobijaría para siempre. Valledor marchó y ya no lo quisieron ni en su casa, para llegar así hasta nuestros días, donde la Consejera de la Presidencia, María José Ramos, debe pensar que los que estamos en el turno de oficio formamos parte de una burguesía adinerada y cómoda, que no merece nada.
María José Ramos lo tenía fácil: recibir al Decano del Colegio de Abogados de Gijón (porque en esta historia del de Oviedo no sabemos ni que existe), marear la perdiz y decir "haremos algo"; o "haremos más", como el lema de campaña de las últimas elecciones. Pero admirada de sí, consigo misma embelesada, no accedió a recibir a la delegación que le había implorado el favor de su presencia a través del cauce reglamentario oportuno. Así, el miércoles último, tras varios vaivenes contencioso-administrativos, la Asamblea del Colegio de Abogados decidió dar de baja en el turno de oficio a todos los inscritos que no expresen el deseo contrario antes del próximo primero de enero. Yo no lo expresaré y pondré fin a quince años ininterrumpidos de trabajo en el turno.
No se trata de una huelga. El colegio profesional no deja de ser en ocasiones una máquina para obtener recursos económicos y los profesionales liberales de este ramo no tenemos conciencia de clase -como no la tiene ya casi nadie- ni de casta funcionarial; ni existe medio de ponernos de acuerdo, pues formamos parte de un rebaño dividido por ruindades e intereses. Sólo un pequeño grupo, cada vez mayor, es cierto, se va moviendo para presionar a una administración ciega y sorda, empeñada en pretender que aquí no pasa nada mientras se descompone el servicio público que damos los abogados de oficio. Sí, he escrito la expresión fatal: "servicio público". Algo que no está muy de moda en estos siglos dedicados a la externalización y exaltación de la economía de mercado (con la salvedad de algún que otro paréntisis). Pero de eso se trata, de poder dar una asistencia jurídica a quien realmente la necesita y en unas condiciones que no hagan irrisoria la dedicación a este oficio; unas condiciones económicas dignas, sí; cierta noción de respeto profesional y, tal vez, una cobertura de Seguridad Social como sucede en alguna comunidad autónoma vecina donde han entendido un poco mejor qué significa eso del "socialismo". Todo esto también es justicia.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Querido Hermano y colega:

Me parece la solución perfecta. Ya está bien de que seamos los "Hijos pobres" de la "Hermana pobre" de nuestro país: la Administración de Justicia.
Dicho sea de paso, es una Administración que ni nos quiere, ni nos respeta (aunque el respeto hay que ganárselo y sabes que en este gremio cada uno va por su lado...).
Desde el otro extremo del país, mi solidaridad y mi TAF.·.

Fulcanelli.

PD.: Informanos de los acontecimientos.