viernes, octubre 3

Jueces y apóstatas


Esta semana ha muerto una forma de hacer las cosas. Lo supe el miércoles. Aunque debería haberlo sabido dos días antes, porque creo que fue el lunes cuando Carlos Dívar tomó posesión de su cargo como Presidente del Consejo General del Poder Judicial, encabezando -dicen y comentan- una renovación de la tercera pata de este sistema en el que comemos y dormimos la siesta todos los días y tardes.
Yo sabía que a Carlos Dívar se le atribuía un gran prestigio como jurista y fuertes convicciones religiosas; también que escribía en una publicación de la Hermandad del Valle de los Caídos. Cuando los periódicos señalan algunos de estos matices quiere decir que debe ser hombre de misa diaria. Hasta ahí -hasta la misa, quiero decir-, ningún problema; porque sólo faltaba que hubiera algo que comentar sobre el credo religioso de un ciudadano. Los problemas vienen después, cuando se evidencia que en España sigue siendo difícil separar del ámbito de lo público aspectos que sólo interesan a la vida privada de las personas: ¿Podrá alguien explicar a qué viene esa exhibición pública de fervor religioso puesta de manifiesto por algunos destacados miembros del Consejo General del Poder Judicial ante el Cardenal Rouco Varela? ¿Podrá alguien explicar qué tiene que decir este prelado sobre la justicia terrena a aquéllos encargados de administrarla en un Estado democrático? Ahórrenme la versión oficial: Era una misa por los magistrados fallecidos.
Enlazando con ésto último decía que a los dos días de la misa judicial se murió toda una forma de entender las cosas y de llevarlas a cabo. Creo que hace algún tiempo había escrito algo sobre el extinto particular, discrepando de Don Gonzalo Puente Ojea en cuestiones relativas a la apostasía, cuya existencia ha terminado -al menos de momento- tal y como la conocíamos hasta la fecha.
La Iglesia -la nuestra, la verdadera- tuvo siempre reparo en respetar la soberana voluntad de aquellos que manifestaban su deseo de abandonar la fe católica. Uno hacía la petición de apostasía, la dirigía al obispado correspondiente y alguien, seguramente una monja del Lumen Dei, se la pasaba por el arco del triunfo de forma tal que la pretensión decaía por aburrimiento del ateo o del agnóstico interesado (normalmente gente floja, sin correa y con escaso espíritu belicoso).
Esto fue así hasta que a alguien se le ocurrió invocar aquello de la ley de protección de datos, en vez del respeto a las creencias íntimas y a la soberana voluntad de las personas. Había que ser prácticos y triunfó Maquiavelo. La amenaza al blandir el palo surtió efecto en algunos lugares donde los obispados comenzaron a expedir las certificaciones pertinentes, indicando que se cursaba la orden al párroco del lugar en el que había acaecido el bautizo para que anotara en el libro correspondiente aquella sentencia marginal: "abandonó la fe católica". Pero hubo otros sitios, caso de Valencia o Toledo, donde las direcciones de las diócesis o archidiócesis comenzaron a percibir el peligro que podía suponer un abandono paulatino e ininterrumpido de las prietas filas. La resistencia se puso en marcha y coincidió este hecho con la pretensión de un ciudadano levantino que, a mi juicio con mucha razón, reclamó que no se anotara nada en ningún lugar, sino, sencillamente, que se suprimiera cualquier referencia a su existencia en los legajos parroquiales.
La Iglesia invocó la inaplicabilidad entonces de la legislación sobre protección de datos; y además señaló que sus libros y documentación estaban protegidos, en tanto que archivo histórico, por los acuerdos suscritos por el Estado español en enero de 1979 con la Santa Sede.
La Agencia de Protección de Datos dio la razón parcialmente al tozudo ciudadano diciendo que se podía llegar a donde otros ya lo habíamos hecho sin tanto ruido (anotación marginal confirmatoria de que uno es un hereje para que se sepa a por quién hay que ir cuando surja la oportunidad). Otro tanto hizo no hace mucho la Audiencia Nacional. El diario El País le dedicó una plana completa a la historia en uno de aquellos domingos en que al grupo Prisa no le daba por meterse con el Gobierno de la Nación, errando el tiro y el enemigo. Y el Tribunal Supremo, el miércoles, cerraba una vía histórica revocando lo que hasta la fecha había sido utilizado por muchos como yo, que disfrutamos del privilegio de habernos borrado del club en el que nos inscribieron nuestros padres, sin esperar siquiera a que tuviéramos el mínimo sentido común porque no les quedó otro remedio o, sencillamente, porque ése era el uso social impuesto (y subrayo lo de impuesto). En efecto, el Alto Tribunal dice que no es aplicable la normativa en materia de protección de datos y que los libros de bautismo, por su propia configuración, no constituyen una archivo de aquellos a los que se refiere la ley. No se arrancarán las hojas de los libros y, a partir de ahora, se regulará la apostasía exclusivamente con arreglo al procedimiento eclesiástico, es decir, queda inaugurado este arco del triunfo.
Ignoro en este momento si cabrá el recurso al Tribunal Constitucional. Me da igual. Yo lo acato aunque piense que todo esto es un cachondeo. Y no sigo, que me van a echar en cara el mal perder que tengo. Continuaré preguntándome qué hacían todos aquellos señores en la misa del Cardenal Rouco Varela.
Mala semana, pues, para la libertad de conciencia. Así es España, descalabrada, llena de cardenales, cargando sobre los hombros con la pesada cruz de la laicidad positiva, esto es, de la aconfesionalidad.