jueves, febrero 22

Lo que vale un peine

Sí, de lo que vale un peine nos vamos a enterar ahora cuando los efectos jurídicos de la Sentencia que acaba de ser dictada por el Tribunal Constitucional empiecen a revelarse con todo su esplendor:
Casilda es profesora de Religión en un colegio público cualquiera. Lleva preparada la clase del día de hoy. Va a hablarles a sus alumnos del sacramento del matrimonio; de su indisolubilidad; y de un montón de cosas más que lleva apuntadas en su cuaderno de notas y con las que agotará la hora de clase... Me pregunto si les contará algo a las criaturas sobre la existencia del matrimonio civil con todas sus variantes; o sobre el divorcio. El caso es que ella sí está divorciada, y convive con otro hombre distinto de aquél al que le juró ante un altar y vestida de blanco eterna fidelidad hasta que un cáncer, un atropello, un accidente cardio-vascular o cualquier otra porquería se llevara a uno u otra por delante.
Puestos en situación, el supuesto descrito no es un hecho aislado. Diecisiete mil son los profesores de religión católica que hay en España. Su existencia es fruto de dos cosas diferentes: Una, los acuerdos en materia educativa suscritos por el Vaticano y el Estado Español en enero de 1979, que liquidaron el viejo concordato franquista. Y otra, la indefinición y desorientación sindical y política de lo que conocemos como izquierda, que ha tragado con una contradicción imposible de resolver y cuyos amargos frutos no cesan de recogerse: La defensa de la escuela laica y la consideración de que la enseñanza religiosa es compatible con aquélla. Así, según esto último, sindicatos como Comisiones Obreras o la Unión General de Trabajadores no tienen una boca lo suficientemente grande para hablar de escuela pública o de laicismo; pero luego guardan silencio cuando se habla de suprimir la asignatura de religión por conculcar los derechos de un grupo de trabajadores.
Las consecuencias del acuerdo de 1979 no son otras que la existencia de una obligación para el Estado relativa a impartir una asignatura denominada "Religión católica" en los colegios e institutos. ¿Quién paga a los profesores necesarios para proporcionar esta formación? Acertaron, el Estado. ¿Quién elige a los profesores? Fallaron: No elige el que paga, sino el Ordinario de la Diócesis, esto es, el Obispo, que habrá de proporcionar un certificado de "idoneidad". ¿Quién puede rescindir el contrato laboral? Efectivamente, el Obispado es quien puede hacerlo desde el momento en que considere que Casilda vive en pecado y su vida privada no es compatible con las enseñanzas que va a administrar. Y sigo preguntado: Si el despido de Casilda operado por mandato de la confesión religiosa es declarado improcedente por un Juzgado ¿quién paga la indemnización? Sí, acertaron de nuevo. Pagamos, irremediablemente, todos y todas.
Pero sobre lo que se acaba de describir, que era el estado de cosas existente, ha surgido una novedad. Hasta la fecha los Juzgados y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas venían aplicando a los profesores de religión la misma normativa y las mismas condiciones que al resto de los trabajadores. Eso ha implicado en los últimos tiempos un rosario de procedimientos y sentencias en las que se declararon innumerables despidos improcedentes. La cosa llegó hasta tal punto que en Canarias, el Tribunal Superior de Justicia quiso llegar un poco más lejos y planteó diversas cuestiones de inconstitucionalidad relativas a varios artículos del acuerdo de 1979; esto es, expuso ante el Tribunal Constitucional la posibilidad de que parte del citado acuerdo fuera completamente contradictorio con el texto de la Constitución, en especial lo referente a las facultades obispales para rescindir las relaciones contractuales cuando el contratado dejara de ser "idoneo".
El Tribunal Constitucional se ha pegado al texto del convenio con la Iglesia y a partir de aquí es donde digo que vamos a saber lo que vale un peine. Se acaba de crear, si los tribunales europeos no lo remedian, una nueva casta proletaria: El profesorado de religión. El Constitucional viene a señalar que la materia que imparten no es una asignatura como otra cualquiera; que "ha de corresponder a las confesiones la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo"; y que, además, esta elección no tiene por qué ceñirse a "los conocimientos dogmáticos o las aptitudes pedagógicas", sino puede extenderse a la conducta de los profesores "en la medida en que el testimonio personal" supone para la comunidad religiosa "un componente definitorio de su credo", hasta el extremo de que este supuesto es "determinante" de la cualificación para la docencia. Así que la pobre Casilda, que vive amontonada y en pecado, está perdida y no puede hablar con mucho fundamento a sus alumnos sobre el sacramento matrimonial: La confesión religiosa beneficiada con el producto de su trabajo tiene todo el derecho del mundo a escrutar su vida privada y airear todos los trapos sucios que puedan aparecer. Como en los viejos tiempos.
Jurídicamente no acabo todavía de madurar la totalidad de consecuencias que derivan de este pronunciamiento. Ni siquiera tengo claro que tal y como se ha levantado todo este entramado legal, la sentencia no tenga un sólido fundamento; inicialmente me inclino a pensar que sí, que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es sino coronar esta antología del disparate que comenzó cuando Marcelino Oreja firmó aquellos cuatro acuerdos con el Vaticano, y que siguió cuando sucesivamente se miró para otro lado, se financió un credo religioso de forma privilegiada, y se sostuvieron por algunos posiciones antagónicas y contradictorias por aquello de quedar bien con todo el mundo.
Lo que sí sé es que esto viene a confirmar mi opinión previa de que en este asunto urge una modificación de las normas que rigen las relaciones entre Iglesia y Estado; que la religión no es una asignatura, y que, en consecuencia, no se ha de impartir en los colegios públicos ni computar en el expdiente académico de ningún alumno; y que no debe existir profesorado de religión: Como diría una buena amiga con la que hablo mucho de todas estas cosas "No se pueden coger truchas a bragas enjutas".

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