domingo, enero 28

Laicismo en España: El largo camino de la Democracia

Para muchos españoles la palabra laicismo resulta hoy todavía extraña. Esto no debe sorprendernos, pues la historia laica es todavía muy corta en un país como el nuestro, siempre conocido como la Católica España, que ha sostenido guerras en defensa de la “fe verdadera”; que ha hecho una peligrosa mezcla entre religión y política; y que ha vivido cuarenta años bajo la dictadura del “nacional-catolicismo”, nacida de la pesadilla fascista que siguió a la derrota de la democracia en 1939.

España ha sido un país católico no obstante haber sido el escenario en el que se desarrollaron y existieron otras confesiones. De un modo u otro el catolicismo ha marcado nuestra evolución histórica y también nuestra vida cotidiana. Basta recordar aquel pensamiento de Manuel Azaña que ejemplificó a la perfección lo que acabo de escribir: los españoles siempre hemos ido detrás de los curas, bien acompañándolos en procesión, bien armados de un garrote para ajusticiarlos.

Si pensar en el laicismo significa en cierto modo también pensar en la democracia, se entenderá la peculiaridad española, comprobando que a excepción de los últimos treinta años vividos y del breve período republicano, nuestro país no ha conocido ni practicado un régimen de libertades ciudadanas. Así, para poder comprender la situación actual es necesario remontarse al final de la dictadura de Franco: La Constitución de 1978 recogió unas complejas reglas de juego para asegurar una convivencia pacífica y apuntalar un profundo cambio político y social, pero sin generar tensiones con quienes hasta ese momento habían tenido al país encerrado en su puño. De este modo fue imprescindible contar con el silencio de los vencidos y respetar a determinadas instituciones que recibieron una mención expresa en el texto constitucional: Esto es lo que sucedió con la Iglesia Católica, que además supo abandonar al régimen dictatorial en el momento en que este descarrilaba, figurando como un actor principal e imprescindible en el cambio democrático.

La nueva Constitución permitió que España pasara a ser definida como un estado “aconfesional”, en el que se tendría una especial consideración -no obstante la aconfesionalidad recién adquirida y el reconocimiento de la libertad religiosa- hacia la Iglesia Católica. Este especial trato implicó que en enero de 1979 se firmaran tres acuerdos básicos con la Santa Sede, que han marcado con sus ambigüedades las relaciones entre las dos partes: Hablamos de un acuerdo económico, otro educativo y un tercero de carácter cultural para atender el ingente patrimonio inmobiliario y artístico, siendo la nota común en los tres casos el hecho de que el Estado asume una gran parte de las necesidades financieras de la Iglesia Católica.

La financiación religiosa se ha convertido así en un tema inevitable a la hora de hablar de laicidad en España ¿Cómo puede sostenerse la total independencia y neutralidad del Estado respecto a las confesiones religiosas cuando éste contribuye económicamente a garantizar la existencia de algunas de ellas? Desde las posiciones eclesiásticas se ha argumentado que en una sociedad democrática el mero reconocimiento de las libertades no es suficiente: es necesario además que los poderes públicos contribuyan económicamente a que esas libertades puedan desarrollarse, especialmente la libertad religiosa. Aplicando esta tesis el Estado español no sólo ha suscrito los pactos de 1979, sino que ha terminado por firmar convenios con el colectivo islámico, la comunidad judía y también con la protestante. Pero al final lo que ha sucedido no es otra cosa que una implicación del Estado en el hecho religioso, reconociendo una comunidad religiosa de primera clase, la Iglesia católica; otras de segundo rango; y un tercer grupo de credos que, no gozando de acuerdo que les reconozca especialmente, carecen de financiación.

Así las cosas, y centrándonos en la Iglesia católica, los acuerdos económicos de 1979 preveían que la financiación estatal se mantendría hasta el momento en que la confesión religiosa se alimentase con las aportaciones de sus fieles. Evidentemente, con una redacción semejante, la Iglesia nunca alcanzó tal propósito, haciéndose necesario todos los años el desembolso estatal de ingentes sumas de dinero. En 1987 se ideó en este escenario un sistema de financiación que se conoció coloquialmente como “impuesto religioso”: Un porcentaje de los impuestos de los ciudadanos católicos irían a parar a su Iglesia si así lo deseaban. El sistema nunca funcionó. Cada año eran menos los contribuyentes que expresaban esta intención, y desde el Estado había que seguir poniendo la diferencia entre lo que se esperaba recaudar y lo que se obtenía realmente.

De este modo han evolucionado las cosas hasta la fecha. Recientemente se ha negociado una nueva fórmula en virtud de la cual el Estado deja de poner dinero y la Iglesia recauda de los impuestos de los católicos un porcentaje mayor del que se le había asignado en 1987. Pero hay que reconocer que esto no significa en modo alguno que la confesión católica se autofinancie: Es la sociedad toda la que renuncia a que una parte de los recursos de un grupo de ciudadanos se destinen a satisfacer el interés general en beneficio de una comunidad religiosa privilegiada, que de este modo pasará a ingresar cada año nada menos que 175 millones de euros. Podríamos pensar que la cuestión económica, una de las aristas del problema religioso español, termina con esta asignación directa; pero la Iglesia católica, a diferencia de otras confesiones, ha recibido del Estado en el último año nada menos que 5.057 millones de euros: Más de tres mil millones se han ido a parar a los centros educativos católicos; los profesores de la asignatura de religión son pagados con dinero público; los centros de caridad y hospitalarios son mantenidos a través del presupuesto; el ejército dispone de su batería de capellanes castrenses, cuyo arzobispo tiene rango de general; y el patrimonio artístico e inmobiliario de la Iglesia recibe constantemente recursos públicos para evitar su desmoronamiento. Añadamos a esto que la Iglesia no paga impuesto de donaciones; tampoco de sucesiones; y mucho menos tributos que recaigan sobre su patrimonio inmobiliario. Y hasta hace dos semanas se beneficiaba de una exención de IVA: España es un paraíso fiscal para los obispos.

El mantenimiento de toda la estructura anterior ha generado cierta decepción entre una gran parte de quienes aspiran a lograr que el sueño de una España laica se haga realidad. Cierto es, no obstante, que la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por plantear algunas reformas exigidas por la sociedad civil y que han supuesto una confrontación abierta con la Iglesia Católica; así, en primer lugar, la reforma del Código Civil abriendo la posibilidad a que los matrimonios pudieran celebrarse entre personas del mismo sexo; o, en el ámbito educativo, la paralización de la Ley Orgánica de Calidad en la Educación, puesta en marcha en la última etapa del gobierno de José María Aznar, y que atribuía a la enseñanza de la religión en la escuela pública un protagonismo indiscutible. Puede decirse que se ha apostado por un laicismo tranquilo, quizá porque se tenga la certeza de que cualquier cambio brusco no tendrá éxito alguno, pero también es muy probable que nos encontremos en España ante demasiada tranquilidad, observando cómo muchos de los avances sociales son fruto de la coyuntura del momento y no de la conciencia laica de políticos y ciudadanía en general.

Frente a los tímidos cambios, sin embargo, las confesiones religiosas, especialmente la católica, han reaccionado con rapidez: Movilizaciones en la calle en defensa de la “familia”o del derecho a la educación; y desarrollo de un debate conceptual, valiéndose de sus medios de comunicación, en el que distinguen dos términos supuestamente enfrentados: laicidad y laicismo. O lo que es lo mismo, un laicismo bueno y otro malo. La laicidad, desde un punto de vista eclesial, contemplaría el estado de cosas existente, que no sería necesario corregir o modificar. El laicismo, sin embargo, se identificaría con el anticlericalismo y por tanto, con la intolerancia y el odio hacia el cristianismo. A pesar de lo simple que pueda parecernos lo anterior, lo cierto es que este pensamiento ha cristalizado, hasta el punto de que una de las batallas pendientes del movimiento laico en nuestro país es la articulación de un discurso y un pensamiento que sea capaz de desmontar lo anterior, clarificando la existencia de una laicidad única, aquella que proclama la total separación de las iglesias y el Estado como un pilar fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto a todas las creencias.

El futuro del laicismo en España además de la educación y de una adecuada formación ciudadana depende también de asumir una idea: Los cambios en nuestro país, lo decía antes, han sido provocados muchas veces por la propia evolución de la realidad, más que por la existencia de una conciencia madura y comprometida con el laicismo: ha hecho mas por la laicidad la Iglesia con su intransigencia y sus errores, que los gestores de la vida publica con sus actuaciones.

El estado de cosas descrito ha de transformarse. Sólo un cambio lento garantizará el asentamiento del laicismo en nuestro país, donde la conquista de la democracia se va haciendo cada día, poco a poco, y donde frecuentemente se corren graves riesgos involucionistas. España no está capacitada para soportar un cambio brusco. Y la ciudadanía, que se enfrenta a un concepto nuevo, confundido frecuentemente con aconfesionalidad, tampoco. Una vez más, la paciencia y la determinación se hacen necesarias para lograr que la palabra laicidad y su significado dejen de ser conceptos extraños para los españoles.

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