lunes, octubre 30

El Poder Judicial o la Justicia dependiente

Que en una Democracia la Justicia ha de ser un poder del Estado, independiente de cualquier influencia, es una verdad consagrada y también una necesidad esencial para que el propio régimen de libertades públicas exista.
En España, sin embargo, hay notas alarmantes que revelan una permanente amenaza a este principio fundamental; asistimos estos días al alumbrado de una de esas luces rojas que se encienden intermitentemente al saber que el Consejo General del Poder Judicial va a posicionarse, a través de un informe, en contra de la próxima reforma del Código Penal, que pretende la prohibición de la clonación humana y el castigo de la misma con penas privativas de libertad.
Todos sabemos que el Órgano de gobierno -o desgobierno- de los Jueces españoles es un aparato heredado, en lo que a sus miembros se refiere, del anterior ejecutivo de José María Aznar. Así las cosas, lo que se ha venido en llamar mayoría conservadora, con su Presidente Francisco José Hernando a la cabeza, ha puesto en marcha de nuevo la máquina opositora que dirige: La reforma del Código Penal pretende suprimir la sanción que prevé para los supuestos de investigación con células madre embrionarias, añadiendo mayor precisión a la redacción del texto y trazando una clara línea de diferenciación entre una materia, que ya es objeto de una completa regulación por una ley específica, y las situaciones de clonación que en este momento, habida cuenta de las posibilidades que ofrece la ciencia, pueden plantearse. Sin embargo, el informe que se anunciará en breve considera que el "no nacido" se encuentra en una situación de desprotección ante el proyecto de reforma gubernamental.
¿En qué consiste la desprotección a que se refieren los togados reaccionarios? pues sencillamente en que a partir de este momento, con la ley en la mano, se podrán utilizar los embriones de dos semanas para la realización de investigaciones biomédicas. Y ¿qué esta sucediendo ahora? Que esos embriones se "pudren" en las clínicas sin poder ser utilizados con finalidad científica.
El problema que subyace en todo esto no es otro que el Consejo General del Poder Judicial no está emitiendo dictamen jurídico, que es para lo que está, sino uno ideológico, que parte de la católica concepción de que el óvulo fecundado es un ser humano. Para emitir este tipo de consideraciones ya tenemos a los Obispos, pero no a los jueces: Este es otro de los matices que pueden ayudar a entender qué diferencia hay entre un estado aconfesional y uno laico. Como puede comprobarse, España no tiene una religión oficial, pero la religión sigue pesando, como ha sucedido durante tantos siglos, en el gobierno de los asuntos públicos por el mero hecho de que quienes son designados para regir los asuntos generales, no son capaces de diferenciar entre sus propias convicciones y ese interés que han de proteger. La cosa se pone peor cuando se trata de juristas que han de aplicar las leyes, y no maquillarlas con creencias íntimas que nada tienen que ver la imagen imparcial que ha de proyectar la Justicia.
El Poder Judicial se va convirtiendo de un tiempo a esta parte en una amalgama extraña, en la que a la prolongación política de la derecha española que está encarnando, se añade la implicación pseudo religiosa de los señores magistrados. A dónde iremos a parar.

2 comentarios:

Joaquim dijo...

La verdad es que por razones históricas harto comprensibles, el aparato judicial nunca ha gozado de mucho prestigio en nuestro país. En tiempos de mayor conciencia social se solía decir que la Justicia existía simplemente para garantizar la intangibilidad del poder y de los bienes de los ricos. En cierta manera hoy sigue siendo así.

Y con todo, por ahí afuera tampoco es que puedan dar muchas lecciones sobre este asunto. En una novela que leí este verano, un juez israelí le dice a una madre que pleitea contra el Ejército por la muerte de su hijo en una novatada estúpida: "señora, usted se equivoca viniendo a pedir justicia a un tribunal, aquí lo que hacemos es aplicar la ley".

Así son las cosas.

Roberto dijo...

Por suerte el informe del CGPJ al proyecto de Ley no vincula al Parlamento, por lo que esa Ley se aprobará, por mucho que les pese a más de uno que ha confundido la toga con la sotana. Ya vimos que se opusieron también a la Ley de matrimonios homosexuales, y ahí está, aprobada y aplicándose, con los únicos problemas que ha planteado una clara desobediencia a la Ley por parte de algunos funcionarios, maquillada con un supuesto derecho a la objeción de conciencia... que objeten, que no faltará quien les supla.

Un saludo.