viernes, octubre 6

El laicismo imaginario

Hace unos días, Carlos García de Andoin, coordinador federal de "Cristianos Socialistas", del Partido Socialista Obrero Español, publicaba un artículo en el que exponía sus argumentos favorables a los últimos acuerdos suscritos por el Gobierno español y la Conferencia Episcopal, y con arreglo a los cuales, entre otras cosas, ésta última pasará a financiarse con el 0,70% de la cuota tributaria de quienes así lo manifiesten en su declaración. Presentaba estas reflexiones el Sr. García de Andoin bajo el título "Laicidad incluyente", cosa ésta que llamó mi atención, me llevó a leer su trabajo y a reflexionar sobre sus razonamientos que, en general, no comparto.
Sí tengo que coincidir con el autor y compañero de militancia en que, en efecto, se ha cerrado un ciclo caracterizado por el hecho de que el Estado español ha venido financiando con cargo a sus presupuestos a la confesión católica. Pero vistas las circunstancias -y sin negarle por ello a este cambio su relativa importancia- considero que no se puede ser excesivamente autocomplaciente y que la modificación del estado de cosas apenas si pasa de ser algo meramente formal o aparente.
El artículo al que me vengo refiriendo pretendía justificar la necesidad de financiar a la Iglesia católica a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; pero no podemos olvidar que lo anterior no significa ni mucho menos que la Iglesia vaya a financiarse a través de sus propios medios; ni que vaya a dejar de percibir ingresos extraordinarios por otras vías relacionadas con la compleja estructura de que esta confesión se ha venido rodeando, y que le permite encontrar recursos económicos hasta en el caladero que comunmente denominamos "otros fines sociales".
El "impuesto religioso", esto es, el porcentaje que acaba de ser modificado con la firma del pacto con los obispos, fue negociado gobernando Felipe González como medida supletoria de lo dispuesto por el Acuerdo para Asuntos Económicos suscrito en enero de 1979 con la Santa Sede, que preveía la posibilidad de aplicar este tipo de remedios en tanto la Iglesia no alcanzara a autofinanciarse.
Dado que la autofinanciación no se alcanzó nunca, el porcentaje fiscal se aplicó año tras año; pero la Iglesia tuvo que asistir con preocupación a recoger por esta vía una recaudación cada vez menor, pues los católicos no eran proclives a rascarse los bolsillos. El presupuesto público compensó cada año este déficit, situación a la que ahora se ha puesto fin elevando el porcentaje asignado a la confesión religiosa.
Pero pretender hacer pasar por autofinanciación lo que acaba de firmarse, no es otra cosa que hacerse trampas en el solitario. La Iglesia no se autonfinancia: Somos todos los ciudadanos los que con este sistema renunciamos a que una parte de los tributos pagados por miembros de nuestra misma comunidad, se destinen a financiar asuntos de interés general. La autofinanciación de una confesión religiosa implica que los miembros de ese credo soporten los oportunos costes, esfuerzos y sacrificios, pero sin que tal cosa suponga un quebranto para el erario público y, por ende, para la comunidad ciudadana, formada, como sabemos, por una pluralidad de personas con creencias de uno u otro signo, o ausencia de ellas.
Mantener este sistema, no atreverse a modificarlo, sólo ha servido para llevarnos una vez más por la senda de ese dicho tan español y al que tanto nos hemos acostumbrado, "café para todos". Fórmula conocida, útil para rehuír debates complicados como este, aunque sea a costa de darle la espalda a una de las señas de identidad del socialismo: La España laica.
Escribir, como hace Carlos García de Andoin, sobre un concepto de "laicidad incluyente", implica presuponer que frente al modelo que él respalda se levanta otro excluyente. Entiendo sin embargo que esto no sólo no es así, sino que el sistema que él describe es el reflejo de un laicismo imaginario, para cuyo desarrollo no nos era necesaria tanta alforja a quienes participamos del ideario socialista.
Concebir un Estado laico significa no sólo que las estructuras del mismo no se identifiquen con una u otra confesión, sino una intervención activa del mismo para evitar las frecuentes tentaciones que surgen de mezclar una cuestión íntima y privada -la convicción religiosa- con los asuntos públicos. Nadie discute que la libertad religiosa pueda expresarse públicamente; pero la manifestación pública no convierte en cuestión de interés público lo que es un sentimiento íntimo e individual que, debiendo ser respetado siempre, no puede regir los destinos de la ciudadanía cuando habitamos en una sociedad democrática. Es por esto que algunos discutimos y criticamos el modelo de financiación de las confesiones religiosas que se propone y aprueba; y porque también -y esto no debería olvidarlo quien defiende los acuerdos suscritos- la financiación pactada sólo va a beneficiar a las confesiones que de un modo u otro han firmado acuerdos con la Administración Central; pero no va a alcanzar al sinnumero de creencias que se practican en España: Se confunde pues la libertad religiosa con la cuestión financiera, generando convicciones íntimas de carácter religioso de primera clase y de segunda en función del apoyo económico que obtenga o dejen de obtener; y habrá que preguntarse ¿qué es lo que legitima a un Estado para financiar a unas confesiones en detrimento de otras?
La referencia que García de Andoin hace por otro lado al alcalde de Evry, Manuel Valls, socialista, y que califica como decimonónica la concepción laicista francesa cristalizada en la ley de 1905, olvida que el propio socialismo -una concepción ideológia vigente en nuestros días- ve la luz también en el siglo XIX. Disiento de Manuel Valls en sus reflexiones orientadas a apoyar una intervención del Estado en el devenir del hecho religioso, y que, pensando en el Islam y en la realidad social francesa, tenga por finalidad "democratizar" las religiones. Prefiero entender que el Estado moderno ha de poner los medios necesarios para educar a sus ciudadanos en los valores democráticos; pero no hacer política religiosa a la carta: Disponemos de un sistema de libertades, de derechos y de obligaciones al que todas las asociaciones, incluídas las religiosas, y ciudadanos han de ajustarse sin excepción.
Cuando hoy escribo esto, un restaurante de Madrid, La Favorita, propiedad de la Fundación Operística Navarra, se ha negado a celebrar un banquete de boda de una pareja de recién casados ¿La causa? Los esposos son dos hombres y su matrimonio civil choca con las convicciones cristianas de la propiedad del restaurante ¿Los principios homófobos han de ser financiados también? ¿Ha de hacer valer el Estado esa mal llamada "laicidad incluyente" para "democratizar" esta forma de proceder? Aquí tenemos un ejemplo práctico de la ineficacia de este "laicismo imaginario" que no tiene más esencia que el nombre que recibe: Un Estado verdaderamente laico reaccionaría frente a este tipo de actitudes de forma contundente pues, como puede comprobarse, las convicciones íntimas de unos tienen unas consecuencias negativas sobre los derechos públicos de otros, al desbordar un ámbito privado del que no deben salir. La solución no pasa, desde luego, por financiar este tipo de convicciones -aunque sea de forma indirecta-, sino por tener las cosas claras y aplicar las leyes sin miedo. Y aquí, en España, seguimos teniendo miedo e ignorando qué es una sociedad laica.

No hay comentarios: