sábado, septiembre 23

La Iglesia en España:cuestión de dinero

En el día de ayer, viernes, casi cuando comenzábamos a dormitar la siesta, el telediario anunciaba por sorpresa que Gobierno español y Coferencia Episcopal habían alcanzado un acuerdo relativo a la financiación de esta última.
Los cambios que implicó el regreso de la Democracia a España afectaron también a la Iglesia, que pasó de ser parte activa en el ejercicio del poder a ser actora en la sombra en los escenarios de la política y sociedad españolas. Económicamente la Iglesia Católica pasó de comer de la mano del dictador Francisco Franco, a negociar su manutención con la derecha gobernante en 1979. Los acuerdos económicos suscritos en enero de ese año preveían que la confesión religiosa en cuestión alcanzaría un día a autofinanciarse; entre tanto ese día llegaba, el Estado español pondría lo que fuera necesario. Todos tenemos muy claro que el día no llegó.
A lo anterior se añadieron los acuerdos suscritos durante el gobierno de Felipe González: Se creaba lo que se dio en llamar "impuesto religioso"; un porcentaje, el 0,52%, de lo que resultara a pagar por cada ciudadano que así lo prefiriese, iría destinado a satisfacer las necesidades de mantenimiento de la maquinaria católica.
¿Qué sucedió? Pues que los ciudadanos no manifestaron la voluntad de que parte del dinero de sus impuestos fuera a parar a los bolsillos eclesiales, y el déficit fue cubierto con una aportación anual directa del gobierno de turno.
En el camino se adoptaron medidas claramente destinadas a beneficiar a la Iglesia Católica. Durante el gobierno de Aznar, por ejemplo, surgió la posibilidad de que la Iglesia recogiera el porcentaje correspondiente, incluso en aquellas declaraciones de impuestos en las que el sujeto pasivo no señalaba ninguna preferencia; así, hasta ese momento, sólo se aplicaba el porcentaje del 0, 52% en beneficio del clero católico si el ciudadano así lo manifestaba expresamente en su declaración de impuestos. Si, por contra, guardaba silencio, el dinero se destinaba al amplio concepto "otros fines sociales", epígrafe bajo el que se engloba una complicada trama de OO.NN.GG. que asume una gran parte de la acción social en España. Con Aznar esto cambió, y la Iglesia pasó a recoger la mitad de ese dinero que caía en el saco roto del silencio, y que pasó a dividirse a partes iguales entre los fines sociales y las sotanas.
Ayer, como decía, se produjo un cambio notable; pero a medida que van pasando las horas más pienso que lo que se ha modificado es una forma y no un contenido. Quizá pueda hasta ser comprensivo con el modo en que el Gobierno se ha conducido; pero hasta albergo la sospecha de que se ha actuado para evitar continuar con el enfrentamiento que la Iglesia Católica, de la mano del Partido Popular, ha llevado contra el Ejecutivo desde el primer día en que tomó posesión y empezó a actuar como tal.
¿Cuál es el cambio formal? Pues que ha desaparecido la asignación directa a la Iglesia Católica. El Estado no volverá a poner dinero de forma directa en beneficio de esta confesión religiosa para complementar su déficit de recaudación ¿Significará eso acaso que la Iglesia va a percibir menos dinero el año que viene? La respuesta es sencilla: En los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal se prevé que los ciudadanos católicos que así lo deseen especifiquen su asignación tributaria, que pasa del anterior porcentaje al 0,70%. La Iglesia solicitaba en el marco de las negociaciones una cantidad sensiblemente mayor, el 0,82%. En números y euros el cambio de sistema supondrá que mientras que la Iglesia ingresará a lo largo del este año la cifra de 144 millones de euros, en el año 2007 pasará a recibir nada menos que 175 millones. El cambio es notable. En beneficio de la Iglesia Católica, claro. Pero pensar sólo en los millones de euros al analizar esta cuestión es coger el rábano por las hojas; el asunto es algo más complejo. Sigamos.
La confesión religiosa, a través de su portavoz, el Sr. Camino, señala que se siente moderadamente satisfecha y que como contrapartida ha debido renunciar a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, de la que hasta la fecha se beneficiaba. Pero esto es falso: La Unión Europea presionaba ya en este sentido al Estado español, pues el privilegio del que gozaba la Iglesia contradecía la regulación básica de este tributo indirecto que, no lo olvidemos, es uno de los principales mecanismos de financiación de la Unión y de toda su política común.
Otro cambio que se ha producido es la fiscalización del gasto eclesial, que a partir de ahora, como cualquier otra O.N.G., pasará a ser controlado anualmente por la Administración Central, que exigirá la oportuna memoria justificativa.
Si bien nos falta conocer la letra pequeña del acuerdo, atendiendo a lo que sabemos ahora sí es cierto que hay un cambio notable y una mejoría respecto a la situación actual: La desaparición de la asignación directa que hasta la fecha existía. Pero del mismo modo es cierto que me siento decepcionado a medida que voy leyendo las aplicaciones prácticas del convenio, pues el propósito de los acuerdos del 79 no se está llevando a cabo a pesar de los años que han pasado. Y me explico:
Nadie debe engañarse pensando que sólo los católicos van a soportar a partir de ahora el mantenimiento de su confesión religiosa. No es así. Al asumir esa cuota del 0,70% en beneficio de la Iglesia, el Estado se priva de utilizar ese porcentaje para destinarlo a otros usos. Es decir, que una porción de lo que se recaude de la declaración de un católico que quiera sustentar a su Iglesia, no se gastará en carreteras, escuelas o sanidad, sino que irá a engrosar el rico patrimonio católico en perjuicio de toda la sociedad.
Autofinanciación de las confesiones religiosas significa únicamente que sus fieles o simpatizantes aporten de su propio patrimonio recursos destinados a la confesión de que se trate. Estamos en consecuencia lejos de regular las donaciones acompañadas de incentivos fiscales -mecanismo adecuado para el sustento de estas entidades- y de completar los objetivos del convenio para asuntos económicos de 1979. Vamos por tanto muy despacio.
A todo lo dicho hay que añadir algo más. Las organizaciones no gubernamentales seguirán percibiendo el 0,52% del los recursos cuando el contribuyente así lo exprese. La Iglesia Católica seguirá recibiendo subvenciones a través de su aparato educativo, verdadera máquina recaudadora y fábrica de cerebros que ayuden a mantener este invento que es la mezcolanza de los asuntos religiosos y la sociedad civil. Seguirá asimismo disfrutando de otros privilegios fiscales, por ejemplo la exenciaón del Impesto sobre Bienes Inmuebles. Las Organizaciones No Gubernamentales católicas, por ejemplo Intermón (Compañía de Jesús) o la Fundación IUVE (Legionarios de Cristo), seguirán también percibiendo el dinero procedente de la asignación tributaria "otros fines sociales". Y el resto de confesiones religiosas seguirán percibiendo menos recursos y recibiendo un trato discriminatorio en relación con el que percibe la religión católica; y nadie olvide que en España acaba de comenzar hoy el Ramadán y que ya tenemos en nuestro suelo nada menos que un millón de personas que profesan la religión islámica.
Ni desde las organizaciones laicistas españolas, ni desde el propio Partido Socialista han salido voces que expresen su contento por el convenio en cuestión. Más bien hay un sentido de decepción que en cierto modo también comparto por las razones que acabo de exponer. No paro, no obstante, de pensar en la poca inquietud que existe en nuestro país en torno a estas cuestiones; pues no deja de ser cierto que las "algaradas" las montamos una vez que está consumado el desaguisado (no hay más que escuchar al portavoz de Izquierda Unida, por ejemplo, al que en fechas anteriores apenas sí le hemos oído decir nada). Esto que ha sucedido me recuerda mucho a lo que pasó con la cuestión educativa y la defensa de la Escuela Pública, de la que ya he hablado en otras ocasiones y sobre la que traigo a la memoria de quienes me leen, la famosa manifestación que organizó el clero y el "hay que hacer algo", que se lanzó desde las filas de los convencidos activistas defensores de lo "público" y que al final no hicieron nada. Como siempre. La misma crítica hago a quienes desde dentro del Partido Socialista apostaban por un modelo que rompiera definitivamente con la situación existente, pero que al final han compartido la flojera colectiva.
Insisto en algo que he dicho en otras ocasiones: es esa debilidad, ese temor a actuar, y esa indolencia que se contenta con gritar "hay que hacer algo" para luego cruzar los brazos y ver qué pasa, lo que implica que en España haya que caminar muy despacio, midiendo cada paso que se da, para lograr que el laicismo llegue a ser una regla más de nuestro sistema democrático que nadie cuestione. Ahora, sin embargo, lloverán las críticas, entre las que habrá que distinguir aquellas que pretenden construir un futuro diferente -las mías lo pretenden-, y las de aquellos que se erigirán en defensores de lo laico, de lo público y quién sabe qué más "progresías", pero que no tendrán empacho alguno en enviar a sus hijos a comulgar, o a ser instruídos en un colegio de curas o monjas por aquello de que el uniforme ahorra quebraderos de cabeza con los adolescentes, o porque la educación religiosa es más disciplinada o de mejor calidad. Que nadie lo olvide: Esto es España y lo demás cuento. A lo mejor el Gobierno lo ha tenido muy claro, pero el disgusto no me lo quita nadie.

3 comentarios:

Roberto dijo...

Siento tu disgusto y suscribo la mayor parte de este post, pero aunque bien es verdad que yo también considero que el Acuerdo sobre Asuntos Económicos del 3 de enero de 1979, lo que buscaba era la plena autofinanciación de la Iglesia, y que así, con esta solución (componenda más bien) de eliminación de la asignación directa, pero la conservación de la "cruz" en la casilla del IRPF, no se consigue. Pero veo algo positivo en esto: la tendencia del número de personas que deciden destinar parte de su IRPF a la Iglesia Católica, ha sido siempre descendente, es decir, cada vez son menos los ciudadanos que confían parte de su impuesto sobre la renta a la Iglesia. Esto llevará a una paulatina reducción de los ingresos de la Iglesia por esta vía, y no resultará traumática, por ese carácter paulatino, con ello nos ahorramos que la derecha pueda aprovechar el malestar de los católicos para fines electoralistas. Pero como siempre, sería más loable el anteponer la lógica y el interés general a los fines electoralistas, pero que nadie se lleve a engaño, así son las cosas y no tienen pinta de cambiar.
Otra cuestión, en relación con la financiación de la Iglesia a cuenta del IRPF de los ciudadanos que así lo decidan, que me inquieta, y que has dejado entrever en el blog es: bien que partiendo del art. 16.3 de la Constitución, el Estado es aconfesional, y como bien señalas, mal encaja esto con el destinarle a una confesión parte de la recaudación de un tributo estatal, aunque sea con la bendición del contribuyente (más sangrante era lo que se venía haciendo, como también señalas, con el porcentaje correspondiente a los contribuyentes que no marcaban casilla alguna), pero es que peor aún encaja con el art. 14 de la Constitución, porque ni siquiera hay casillas para entregarles la misma cantidad a las confesiones que suscribieron con el Estado los acuerdos de 1992 (Leyes 24, 25 y 26 de 10 de noviembre de 1992), y no entiendo por qué una vez que se otorga este recurso a la Iglesia Católica (régimen de privilegio único en el derecho Financiero y Tributario comparado), a tenor de la propia aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE) y también del principio de igualdad (art. 14 CE), no se le reconoce el mismo trato a las demás confesiones reconocidas por el Estado. Y voy más allá, la igualdad también se rompe con respecto a las OO. NN. GG. a las que se les podría destinar cierto porcentaje de la recaudación del IRPF, dado que, se ha aumentado la asignación que cada contribuyente puede otorgarle voluntariamente a la Iglesia, pero a esta medida no se acompaña un paralelo incremento de la asignación que el contribuyente individualmente considerado puede otorgar a estas organizaciones benéficas, quedando la potestativa asignación en el 0,52 %. Creo que es un trato injusto que sigue privilegiando a la Iglesia con lo que se contraviene no sólo el sentido del Acuerdo Sobre Asuntos Económicos con la Santa Sede, sino también el art. 16.3 y tras contravenirse aquél, también el 14, ambos de la Constitución.

Con todo, creo que la eliminación de la asignación directa ha sido un paso necesario que ya allá por los 90 debió darse y no se dió, y que, aunque se ha aumentado la asignación voluntaria, lo que no pueden aumentar las leyes es el número de contribuyentes que señalen la controvertida casilla, y estos cada vez son menos. Por lo que de manera indirecta, y a medio-largo plazo, quizá se esté consiguiendo algo cercano a lo que se obtendría imponiendo a la Iglesia su autofinanciación plena, y evitándose el que se produzca un profundo malestar entre la población católica. Y que nadie se engaño, ningún Gobierno a día de hoy en este país cometerá la osadía de enfrentarse a la Iglesia frontalmente en lo que a temas de dinero y de cepillo se refiere, porque tragarán con el matrimonio homosexual, con el divorvio express, con la investigación con celulas madre, y con que las células no entren en la madre por obra y gracia de un trozo de látex, pero con lo que seguro que no tragan es con que se estrangulen de un certero hachazo los ingresos -insisto que para mi indebidos- que reciben del Estado o mediante el Estado. El día que eso ocurra se arma otra Cruzada de las que tanto gustaban antaño... y no tan antaño (este blog lo atestigua), y por ello... dejemos que paulatinamente se les vaya vaciando el cepillo, por lo menos de lo que a dinero estatal toca, y que nadie se preocupe, que ya cubrirán ellos el vacío con sus negocios: enseñanza concertada, geriátricos (me he hartado de leer Sentencias sobre denegación de la exención en el IBI porque el supuesto geriátrico benéfico cobraba de lo lindo), enajenaciones del patrimonio histórico artístico (poseen el 80 %), y subvenciones por y para su conservación, subvenciones a través de la normativa de Fundaciones y entidadaes benéficas y benéfico-docentes, etc., etc.

Un saludo. Y perdón por la perorata.

Anónimo dijo...

nunca el estado le dio dinero a la iglesia el concordato lo que hizo fue devolver parte de lo que se le robo con la desamortizacion de mendizabal y algunas mas
yo tambien tengo que financiar con mis impuestos a los sindicatos asiciaciones de "actores" y demas tribus

Anónimo dijo...

Al anónimo:

Creo que el autor del artículo se refiere a lo que está pasando hoy en día. "HOY".
Para su información el concordato ya hace bastantes años que dejó de estar vigente.