viernes, agosto 4

Niños por aquí, niñas por allá: Separación de sexos en las aulas


Estos días hemos podido saber que el Tribunal Supremo ha sentado Jurisprudencia con una cuestión que hasta la fecha había sido objeto de pronunciamientos judiciales aislados. Lo explicaremos sintéticamente para que todo el mundo pueda entenderlo, especialmente aquellos que me leen desde fuera de España y que no están familiarizados con nuestro particular laberinto. Incluso pueden extraerse conclusiones aplicables en otros terrenos que algunos vivimos cotidianamente, comprobando que a veces hay argumentos y situaciones que nos hacen encontrarnos en el camino precisamente con aquello de lo que abominamos. Se impone una reflexión.
En nuestro país conviven dos sistemas de enseñanza, el estatal o público y el privado, mayoritariamente controlado por la Iglesia Católica. En los años ochenta el Estado recurrió a "concertar" con centros privados toda una oferta educativa que complementara a la red pública, incapaz en aquel momento de atender la demanda voluminosa de plazas que entonces existía -a título personal recuerdo que en el colegio público en el que estudié, el Rey Pelayo de Gijón, nunca conocí un aula en la que hubiera menos de cuarenta alumnos-. Esta medida abrió las puertas a un modelo educativo en el que lo particular coexistía con lo público, con la especialidad de que no obstante hablar de centros de titularidad privada, éstos eran -y siguen siendo- sustentados con los recursos de toda la ciudadanía consignados cada año en los Presupuestos del Estado, esto es, recursos económicos públicos. La Iglesia y la patronal de sector empresarial educativo rápidamente argumentaron que, con el soporte del Estado, éste garantizaba el derecho constitucional de los padres a la elección del centro más adecuado para la formación de sus hijos. Realmente esto no era cierto -y siguen si serlo-, pues el sistema de conciertos nunca alcanzó a todos los centros educativos privados, por ejemplo algunos del Opus Dei, y otros en los que no interesa que se produzca la llegada de hijos e hijas de desarrapados con pretensiones de dar a su descendencia una educación supuestamente selecta y uniformada.
Pero la realidad es que este razonamiento cuajó y hoy se entiende que este sistema que en su momento fue una salida de emergencia, es un derecho constitucional de los padres. Pienso que si en su momento se hubiera dejado claro sencillamente que el Estado tiene la obligación de mantener una red pública de enseñanza, y que los padres tienen el derecho de elegir la educación que quieren para sus hijos, pagándola en su caso de su bolsillo si no les gusta la oferta pública, el asunto se hubiera cerrado. Pero se cayó en la trampa dialéctica, se dejó el argumento prosperar, y, poco a poco, van aflorando las consecuencias del desliz y de los silencios.
Algunos colegios del Opus Dei han empezado a cobijarse bajo el paraguas de la libertad de elección de los padres del centro educativo: Los recursos públicos son golosos y la práctica de la política de lluvia fina, que todo lo va calando, forma parte de una nueva estrategia de refuerzo de algunas de las sectas católicas, que no quieren volver a descuidar el uso de esta particular herramienta que es la educación, y que en sus manos se convierte en una auténtica lavadora cerebral.
Hace poco me quejaba aquí de los pasos dados en Asturias por el Gobierno autonómico, que había decidido aplicar los "conciertos" con Colegios del Opus Dei, en particular con los de niños de corta edad, que en principio eran mixtos. Luego, siguiendo una práctica habitual en estos centros, los niños y niñas se separan, y reciben su "formación" de manera diferenciada.
Pues bien, aquí surge el conflicto jurídico: ¿Se ha de subvencionar con dinero público a los Colegios del Opus Dei que practican el sistema de enseñanza separada? ¿Es discriminatorio este sistema de hacer entrar a los niños por una puerta y a las niñas por otra?
El sindicato UGT, envuelto a veces en la contradicción de defender por un lado a los profesores de religión, maltratados por los Obispados que los contratan, y por otro a la enseñanza pública, se lanzó a una batalla judicial que acaba de perder. Se oponía el sindicato a la financiación con recursos públicos de estos centros amparándose en que, a diferencia del sistema estatal, en los colegios asturianos del Opus Dei (y en el resto de centros que tienen en el país) se separaba a los alumnos en función de su sexo y, en consecuencia, se daban situaciones de discriminación.
El asunto llegó primero a la Audiencia Nacional y ahora al Tribunal Supremo; en ambos casos, nuestros jueces han entendido que no hay discriminación de ningún tipo y, en consecuencia, se puede concertar sin ningún tipo de traba con los centros inspirados en la doctrina del Sr. Escrivá de Balaguer, concretamente, con el emporio empresarial con el que manejan el negocio en Asturias: Fomento de Centros de Enseñanza.
Son interesantes los argumentos manejados, tanto por los tribunales como por la Abogacía del Estado. Y de todos ellos se concluye que hasta la elaboración de una ley contundente en nuestro país podría topar con una traba importante en el Tribunal Constitucional si este no se pronuncia antes y deja claros los límites en los que nos movemos.
En primer lugar dice el Tribunal Supremo que el sistema es lícito y, efectivamente, en tanto no haya una ley que lo impida, lo es. La pregunta resulta inevitable: Si una ley declara esta segregación educativa ilegal, la ilegalización ¿es constitucional?
El segundo argumento del Tribunal desmonta la tesis de UGT, que se había acogido, al no encontrar amparo en la normativa nacional, a la Convención Internacional para la lucha contra la discriminación en el ámbito de la educación, señalando que "... la enseñanza mixta es un medio, no el único, de promover la eliminación de la desigualdad por razón de sexo..." Es decir, que no sólo la ley española no dice nada de nada, sino que la normativa internacional tampoco cierra la cuestión.
Por su parte la Abogacía del Estado se opuso a la pretensión sindical indicando que "... el hecho de que la enseñanza obligatoria que se imparte en los centros públicos sea mixta, no significa que deba serlo en todos los centros educativos. Se trata de una opción que no puede ser impuesta. Especialmente cuando la Constitución reconoce a los padres el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos, garantiza la libertad de creación de centros docentes y ampara el derecho de los titulares de centros privados a definir su carácter..."
¿No se confunde por la Abogacía del Estado el hecho de que la Constitución reconozca unos derechos que nadie discute con la circunstancia de que, la elección de unos padres y madres ha de ser sustentada por toda la ciudadanía cuando, sin embargo, existe un sistema educativo "universal" y neutro que ya estamos pagando?
Pero lo que más me ha parecido digno de mención es el remate con que tanto Audiencia Nacional y Tribunal Supremo cierran la cuestión; reproduzco textualmente la Sentencia: "...el mero hecho de que se enseñe sólo a niños o a niñas no es en sí mismo discriminatorio por razón de sexos, siempre que los padres o tutores puedan elegir, en un entorno gratuíto de la enseñanza, entre los centros existentes en un determinado territorio..." El argumento presupone que en todos los centros educativos se imparten las mismas materias, los mismos "idearios" y con la misma calidad. Pero si esto no es así...
Este último argumento es el que más me pesa. Y no lo digo porque lo considere especialmente válido o irrebatible, sino porque ante esta cuestión y ante otras lo he escuchado con cierta desesperación por mi parte: No existe discriminación cuando cierras una puerta a una mujer o a un hombre si existe una ventana, u otra puerta que lleve a otra dependencia... Yo pienso que inevitablemente cada puerta y cada ventana dan entrada a habitaciones diferentes y que, cada vez que se da un portazo, se discrimina a pesar de las muchas otras entradas que puedan existir. Curiosamente -ya lo decía al principio- la vida hace que entidades que son antagonistas manejen argumentos idénticos y terminen por econtrarse cómicamente.
Pienso que en esta materia se impone, en primer lugar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero quizá con más urgencia se hace necesaria una modificación de la normativa internacional y de la propia, ya que no hay que olvidar que nuestra reciente Ley Orgánica de Educación guarda un aparatoso silencio sobre el particular. Entre tanto, viendo si son galgos o podencos, el Opus Dei está de enhorabuena. No les puedo felicitar, pero aquí se lo cuento.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

La coeducación, la educación mixta, ha sido uno de los objetivos básicos de todas las corrientes pedagógicas progresistas, desde Freinet a la Institución Libre de Enseñanza. Renunciar a ella es dar un paso atrás.

Spartacus dijo...

Caro frater, lo malo de todo este asunto es que gobierne quien gobierne (si nos circunscribimos a nuestra tierra salvo el corto interregno "marquesista" lo viene haciendo los mismos desde el primer gobierno autónomo) no se tiene los arrestos suficientes para coger este toro -como tantos otros por cierto- por los cuernos y dejando a un lado los convencionalismo políticamente correctos zanjar el asunto con la supresión, ley mediante faltaría más, de esta anomalía que se llama escuela pública concertada.
Lástima que incluso aquí y con el asunto de la gratuidad de los libros (por poner un ejemplo de máxima actualidad) sigamos alimentando chollos por doquier seguramente porque algo le toca aquien decide en estas cuestiones, digo yo.

Un fraterno abrazo

Ricardo Fernández dijo...

Si, yo creo que aqui y en otros sitios nos quedamos muy cortos. Pero la verdad, viendo la actitud de los que defienden la escuela publica -hasta los supuestamente mas radicales- no me extraña. Y no lo digo tanto por lo de los libros: he leido tu articulo y lo entiendo, pero yo no encuentro el problema tanto en el nivel de renta fijado como en que no se hubiera optado directamente por el sistema de prestamo...
Me alegra encontrarte. Un fraternal abrazo.

Anónimo dijo...

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