domingo, abril 30

ESCUELA ¿PÚBLICA Y LAICA?

Muchas vueltas se le ha dado a una cuestión como la de la educación, que preocupa, y sobre la que se llevan dando tantos tumbos legislativos, que se hace díficil comprender cuál es el actual estado de las cosas.
El punto de partida de mi reflexión no coincide con la realidad vigente. Probablemente me he quedado donde nos hemos quedado muchos, esto es, en la apuesta ilusionante por la existencia de un sistema estatal educativo que, desde la igualdad y la escrupulosa neutralidad, garanitizara a toda la ciudadanía el acceso a un bien público de extraordinaria importancia. No será difícil concluir que sin educación no hay verdadera libertad en una sociedad democrática. Del mismo modo que no será complicado entender que una educación teledirigida tiene un alto porcentaje de probabilidades de éxito a la hora de generar adeptos y siervos, ya sean de la dictadura de turno o de la confesión de que se trate. La cuestión que me planteo en este momento es si la educación dogmática, basada en ciertos credos e "idearios" ha de merecer el mismo trato desde los poderes públicos que aquel sistema educativo construído desde el mismo Estado y al que me refería anteriormente.
No puedo evitar cierta decepción al saber que la nueva Ley reguladora del sistema educativo sigue amparando la posibilidad de la existencia de una financiación pública, con dinero de cada uno de nosotros, de los entramados educativo-empresariales de confesiones religiosas entre las que destaca la Iglesia Católica.
Nadie puede discutir que cada padre y cada madre tienen el derecho a educar a su descendencia con arreglo a aquellos principios que consideran más adecuados a su forma de pensar y entender o vivir la existencia. Pero sí es discutible que esa educación tengamos que pagarla todos, sobre todo cuando el producto de la misma es en tantísimos casos la exclusión y la hipocresía.
Cuando en España los niños protagonistas de la gran explosión demográfica del desarrollismo llegaron a los centros educativos, provocaron un verdadero problema de gestión educativa. El Estado no disponía de suficientes centros propios y comenzó la política de concertación, que alcanzó su máximo esplendor durante los sucesivos gobiernos de Felipe González Márquez. La solución que entonces se encontró al problema no fue otra que entregar dinero a las empresas privadas de la educación a cambio de que absorbieran aquella abundancia infantil. De ahí, rápidamente, desde la confesión religiosa beneficiada por esta política se construyó el discurso de la "libertad de elección de centro". Efectivamente, la Constitución española reconoce que los padres y madres tendrán el derecho de decidir cómo educan a sus hijos e hijas; pero el asunto de quién ha de pagar esa educación queda en el aire. Desde la Iglesia se aprovechó la cobertura financiera temporal para disfrazar un supuesto derecho y hacer que lo que volaba en el aire quedara bien pegado al suelo: El Estado ofrece un sistema educativo; pero las familias que quieren enviar a sus hijos e hijas a centros que no están dentro de ese sistema, no pueden quedar discriminados y, en consecuencia, el Estado ha de financiar también estos centros.
Lo cierto es que la "libertad de elección de centro" no existe como tal: No todos los centros privados están concertados, con lo cual los padres y madres no pueden elegir libremente a dónde envían a sus hijos. La Iglesia y el sector privado educativo también se cuidan de que centros para las élites económicas no queden al alcance de todos.
Así, mientras el Estado financiaba centros privados haciendo frente a un problema de espacio, naciendo la enseñanza concertada, la Iglesia recogía ese dinero como contribución indispensable de ese Estado a la efectividad de un derecho de elección de centro de los padres y madres. El artefacto argumental construído fundamentalmente por la Iglesia ha dado un buen resultado: El sistema educativo público dispone de más plazas que niños y niñas existen que puedan ocuparlas. Mientras tanto, el sector educativo privado continúa ofertando aulas y recursos para educar con arreglo a un ideario determinado sustentado con los medios de todos.
La cuestión ha llegado hasta tal punto que, por ejemplo, el Gobierno del Principado de Asturias ya concierta centros con el Opus Dei, variante radical dentro del Catolicismo que todos conocemos no precisamente porque haga gala del voto de pobreza; la educación infantil también ha sido concertada cuando inicialmente no lo estaba. En definitiva, esta cuestión está tan mal gestionada desde un principio que no tiene solución posible a corto plazo, complicándose cada vez más las cosas para la existencia de una escuela de naturaleza pública y laica que perciba en exclusiva todos los recursos económicos generados por el Estado y destinados a la educación de los nuevos ciudadanos.
En una entrevista reciente, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contestaba a una pregunta relacionada con las críticas recibidas por la Ley Orgánica de Educación, cuyo proceso de elaboración ha sido realmente complicado. Decía el Presidente que el texto final obtenido no era sino el reflejo de una sociedad democrática, donde desde el consenso, no desde la imposición, han de ser construídas las leyes.
No tengo claro que esto sea así. Pues no deja de ser cierto que cuando se está en el Gobierno no siempre se legisla teniendo el consenso como brújula orientadora. Pero de otra parte, no deja de ser cierto -ya lo he dicho otras veces- que esta partida no ha dado un resultado consensuado, sino que ha sido ganada aparentemente por quienes apuestan por el sistema de enseñanza concertada, que han logrado solidificar y hacer pasar por bueno el criterio de libre elección de centro y sistema educativo; frente a esto han quedado inermes y mudos quienes en otros momentos se llenan la boca con la defensa de la Escuela Pública, pero que han sido incapaces ahora de movilizar a base alguna o de explicar qué es una escuela laica, y que fueron asimismo lerdos a la hora de reaccionar frente a la Iglesia Católica.
De aquellos polvos, estos lodos. Si desde un primer momento hubiera existido una noción clara conforme a la cual la educación pública ha de estar desprovista de ideologías y credos, y que únicamente ha de formar a ciudadanos, hoy no nos encontraríamos con esta situación. Si desde un primer momento se hubiera dejado claro que el concierto educativo con centros privados no era sino una solución para continuar dando un servicio público en un momento excepcional, tampoco afrontaríamos ahora esta situación. No puedo evitar cierto pesimismo, pues habrá que volver a esperar una vez más en este lento caminar del laicismo por las tierras de España. En cualquier caso, lo que no debemos olvidar es que cualquiera que se plantee modificar la realidad ha de contar con ella para cambiarla. Lo demás son pasos en el vacío y ya se han dado bastantes. Por eso ahora estamos en plena caída y sin tocar fondo. Pero el día que el triunfo alcancemos...